Con la finalidad de contribuir al intercambio de ideas en temas relacionados con educación superior que pueden ser del interés no sólo de las defensorías, sino de estudiantes, personal académico y autoridades, y en virtud del reto que representa continuar con las actividades en las instituciones de educación superior debido a la pandemia por la COVID-19, el Boletín Nuestras Defensorías y Procuradurías Universitarias en Acción, en su ejemplar número veintinueve aborda las siguientes temáticas:
1. COVID-19 y Educación Superior.
Impacto de la COVID-19 en la población LGBTTTIQ+ en Estados Unidos.
2. Defensorías Universitarias.
Webinar: ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en las defensorías Universitarias?
Presentación del libro: “El ombudsperson universitario: análisis histórico y normativo de las defensorías de los derechos universitarios.”
3. Género y Educación Superior.
Relatoría sobre: “Conversatorio: “Transgénero: transfobia y derechos” de la Semana “Todos los amores, todos los derechos” de la Defensoría de la UNAM.
Mesa redonda “Mujeres Rectoras” del Ciclo de conferencias “La Enseñanza: reto para el siglo XXI”
La demanda por discriminación de género de los jugadores de fútbol americano de Gopher contra la Universidad de Minnesota.
“Tenemos que eliminar la violencia”: Graue afirma que seguirán las campañas contra el acoso en la UNAM
4. Educación Superior a nivel internacional.
Informe de IESALC, “Pensar más allá de los límites. Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050.”
5. Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra.
La libertad de expresión fuera del campus universitario. El caso "Mahanoy Area School District v. B.L." Decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos
El derecho de estudiantes transgénero a usar el baño de su identidad de género. Gavin Grimm v. Gloucester County School Board, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos
Legislaciones contra la teoría crítica de la raza
6. Agenda
El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI)
Impacto de la COVID-19 en la población LGBTTTIQ+ en Estados Unidos.
La Facultad de Derecho de la UCLA, en colaboración con la Fundación POINT, que es la organización más grande de Estados Unidos que brinda becas para estudiantes de la comunidad LGBTTTIQ+, publicaron en mayo de 2021, un reporte que aborda el impacto de la COVID-19 en el alumnado de instituciones de educación superior (IES) que pertenecen a la comunidad, en específico en sus oportunidades educativas, seguridad financiera, entre otras.
De acuerdo a esta investigación y a otras llevadas a cabo por la UCLA, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ tienen mayor riesgo de contagiarse gravemente por la COVID-19, y tener consecuencias de salud y económicas a largo plazo, en gran parte porque, al no tener reconocimiento de identidad de género, no acuden a las instancias de salud para su atención. Además, para el estudiantado puede tener un impacto aún mayor, ya que en algunos casos tuvieron que regresar a sus hogares con sus familias, quienes, no siempre apoyan su orientación sexual o de género.
Asimismo, el 36% de las personas participantes en la Encuesta “Acceso a la Educación Superior”, reportó cuando inició la pandemia de la COVID-19, que eran estudiantes de IES, y el 16.9% pospuso sus estudios por esta situación. Asimismo, entre las diferencias entre estudiantes LGBTTTIQ+ y estudiantes cisgénero, se encontraron que los estudiantes transgénero tienen seis veces mayor riesgo de hospitalización por la COVID-19, en relación a estudiantes cisgénero. Además, el 30% de estudiantes transgénero reportó tener fallas y poco acceso a internet para realizar sus estudios, en comparación con un 4.5% de estudiantes cisgénero.
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Webinar: ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en las defensorías Universitarias?
El 21 de junio de 2021, se llevó a cabo el Webinar: “¿Cuál ha sido el impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en las defensorías universitarias?”, actividad académica organizada de manera conjunta entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), así como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La actividad inició con la participación de Luis González Placencia, rector de la UATx, e indicó que las defensorías universitarias son las instancias ideales para deliberar la importancia de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Asimismo, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la UAQ, resaltó la importancia de este foro, en virtud de que permite exponer las acciones que llevan a cabo las universidades en materia de derechos humanos, y su mejor ejemplo es a través de las actividades de las defensorías universitarias.
Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, y Secretaria Ejecutiva de la REDDU, destacó la importancia de la labor de las defensorías universitarias, y habló de las nuevas facultades y competencias de la Defensoría de la UNAM en materia de violencia de género, en virtud de la modificación a su Estatuto en agosto de 2020.
Finalmente, Jorge Luis Rivera Huesca, defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana (UV) y Bernardo Romero Vázquez, titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ; coincidieron en la labor de las universidades para la promoción y defensa de los derechos humanos, y destacaron que todavía existen áreas de oportunidad para reforzar las tareas implementadas.
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Presentación del libro: “El ombudsperson universitario: análisis histórico y normativo de las defensorías de los derechos universitarios.”
El 30 de junio de 2021, se llevó a cabo la presentación remota del libro “El ombudsperson universitario: análisis histórico y normativo de las defensorías de los derechos universitarios”, organizada por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta actividad contó con la participación de Jorge Luis Rivera Huesca, Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana (UV), Guadalupe Barrena Nájera, Titular de la Defensoría de la UNAM; Fernando Sánchez Lárraga, ex Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Manuel Vidauri Arechiga, investigador de la Universidad La Salle.
Jorge Luis Rivera Huesca, indicó que el libro aborda los antecedentes históricos de la figura del ombudsperson, desde Grecia y con especial énfasis en el ombudsman sueco, hasta el establecimiento de las defensorías universitarias en México. Añadió que en México, esta figura está encabezada por la CNDH, y en cada entidad federativa, por las comisiones estatales.
Guadalupe Barrena indicó que el material que convocó a esta presentación es muy importante porque la práctica cotidiana de las defensorías universitarias no siempre acompaña la posibilidad de generar insumos para la ejecución de esta función. Guadalupe Barrena compartió algunas reflexiones para invitar a la audiencia a leer el material, como el hecho de que comparte la visión de las personas autoras, en virtud de que es difícil explicar qué hacen las defensorías, por lo que es preferible indicar qué no hacen. Asimismo, señaló que es importante que las defensorías tengan una función más humana y más flexible, y no necesariamente que esté anclada en la formalidad de los procedimientos, por lo que es necesario modernizar los mecanismos de intervención de las defensorías universitarias.
Manuel Vidauri Arechiga, investigador de la Universidad La Salle, indicó que el trabajo realizado fue muy completo, exhaustivo y detallado respecto a la labor de las defensorías. Asimismo, indicó que las problemáticas que se viven actualmente en las IES son muy delicadas, en virtud de que ahora se suscitan más situaciones de acoso y hostigamiento sexual, así como el impacto del uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, que en algunos casos, influyen de manera negativa en las relaciones humanas.
Para ver la transmisión de la presentación, ingresar a la siguiente liga:
Relatoría sobre: “Conversatorio: “Transgénero: transfobia y derechos” de la Semana “Todos los amores, todos los derechos” de la Defensoría de la UNAM.
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ en el segundo día de actividades organizadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, se llevó a cabo este conversatorio, con la finalidad de dialogar sobre el devenir de las personas trans en sus procesos educativos y cómo transitamos como universitarios y universitarias desde el desconocimiento hacia el reconocimiento de los derechos de las personas trans. Los participantes fueron: Víctor Ortiz, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, es profesor e investigador del centro de estudios rurales del Colegio de Michoacán; Benjamín Gutiérrez, hombre trans, graduado de la licenciatura en derecho, subdirector jurídico de la Asociación por las Infancias Transgénero A.C.; y, Samuel Martínez, licenciado en psicología social por la UAM, fungió como coordinador del área de investigación de Letra S, Sida, Cultura y Vida, A.C., y del proyecto Crímenes de odio por homofobia en México. Por parte de la Defensoría, moderó el encuentro Rita Jiménez, quien dio voz a la petición de Kenya Cuevas -activista transgénero y directora ejecutiva de La casa de las muñecas Tiresias, A.C.- de solidarizarse ante las vicisitudes que atraviesa, que le impidieron participar en el panel. Las participaciones se dieron en varios momentos, como respuesta a preguntas detonantes realizadas por la moderadora.
Víctor Ortiz, inició, comentando desde su experiencia cómo lo trans está poniendo en crisis el papel de la teoría desde marcos y preconcepciones en los que es común forzar la realidad para que entre en ciertos esquemas, señaló que él decidió dejar que se rompiera la teoría; mencionó que hay personas que se han hecho ilegibles ante el sistema del heteropatriarcado o “hetero-dictadura”- como prefiere nombrarle-, y hay quienes se preguntan ¿es hombre o es mujer?, es decir, genera una crisis al sistema identitario rígido y binario hombre-mujer. Respecto al prefijo trans, señaló que se utiliza para indicar algo que está más allá de, al otro lado de, y por encima de, entonces en cada caso remite a algo que está en una colocación en su relación con otra cosa, hay un vínculo entre estos dos puntos y las posibles idas y vueltas producen un movimiento, un proceso de sujetos, un proceso vivo, ya que una persona trans, “transifica” a su familia, amistades, pareja, escuela, colonia, entre otros. Destacó el antecedente del trabajo de la Clínica Especializada Condesa que abrió espacios para que las personas trans recibieran asesorías en diversas especialidades; citó que entre el conteo hecho por personal de la clínica y el que reportaron algunas activistas, de entrevistas realizadas, había alrededor de 10,000 trabajadoras sexuales trans en la Ciudad de México; en este sentido, señaló que ha habido mayor visibilidad a las mujeres trans y habría que pensar si tiene relación con un componente previo de género. Por último, afirmó que se requiere al colectivo y recurrir a éste cuando se necesita, pero también habrá personas que no lo necesitan y no tienen por qué verse forzadas a un proceso de acompañamiento de esa naturaleza. Agregó que en todo tipo de acompañamiento la pregunta clave es ¿qué necesitas? Por su parte, Samuel Martínez dijo que se pone en evidencia cómo las personas trans representan un reto para la forma en cómo hemos comprendido la vida, de manera histórica y cultural, lo cual lleva a problematizar ¿qué consecuencias les ponen a las personas trans el confrontar un sistema tan normalizado como es el sistema de género?, mencionó que se ha percatado que, en particular las mujeres trans son quienes más experimentan la violencia en una sociedad como la nuestra; muchas de esas mujeres salieron o fueron expulsadas de sus hogares y terminaron dedicándose al trabajo sexual que se vuelve una vía para sobrevivir, por ejemplo, al no contar con documentos oficiales difícilmente pudieron acceder a otras fuentes de trabajo y al ejercicio de otros derechos; así también para muchas personas trans el transicionar, ha implicado renunciar a la familia y a un contexto nuclear para entramarse en otras relaciones y dinámicas sociales que muchas veces las posicionan en situaciones de vulnerabilidad. Refirió que en México entre 2015 y 2020 fueron asesinadas cerca de 520 personas LGTB a nivel nacional, lo cual se sabe, es un número menor que el real por el subregistro. En cuanto al ámbito educativo, especialmente en universidad, dijo que se cuentan con pocos referentes de personas trans ya que, muchas no han logrado acceder a la educación superior. Comentó que el sistema educativo tiene la responsabilidad de reconocer la importancia que tiene la educación sexual y de género. Luego, Benjamín Gutiérrez, compartió que en la Asociación que representa, se trabaja con las familias a través de un acompañamiento integral; señaló que cada infancia y adolescencia tiene procesos diferentes y uno de los principales enfoques que manejan es el derecho de identidad, ya que es un derecho llave para hacer valer el resto de nuestros derechos; refirió que ya hay tres estados de la República que tienen acceso a este derecho para mayores de 18 años, pero a infancias y adolescencias sólo en Jalisco se les permite acceder a un acta de nacimiento por medio de un procedimiento administrativo. Comentó que en las infancias trans lo que se hace “es un reconocimiento social de su género y que puedan tener la expresión de género”; donde puede haber un acompañamiento hormonal es en la adolescencia, aquí es importante que la familia acompañe. Reflexionó sobre cómo es que si una niña sui género a los 6 años dice “soy niña” no va a tener una respuesta de personas que le digan “espérate a tener 18 años” lo cual sí sucede generalmente con una niña trans, quien tendrá que esperar esos años para hacer valer su identidad, mientras sus derechos son violentados. El abogado refirió que, en general, puede ser peligroso en la sociedad mexicana -que es homofóbica- diferenciar el sexo del género en un documento, ya que se haría evidente que se trata de una persona diversa, además de que, si se hace de forma binaria, restrictiva, se puede dejar fuera a las personas intersex. Tocante al sector educativo, aseveró que se sabe de personas trans que han sido violentadas en esos espacios, por lo que se requiere también la empatía y el respaldo de la comunidad. Rita Jiménez cerró el conversatorio, agradeciendo las participaciones de los panelistas, en nombre de la Defensora Guadalupe Barrena.
Mesa redonda “Mujeres Rectoras” del Ciclo de conferencias “La Enseñanza: reto para el siglo XXI”
En el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública, el 29 de mayo se llevó a cabo esta mesa, en la que se analizaron retos y desafíos que enfrentan las mujeres como titulares de instituciones de educación superior. El encuentro fue coordinado por Javier Garciadiego, miembro del Colegio Nacional (ColNal) y ex presidente del Colegio de México (Colmex). Silvia Giorguli, actual presidenta del Colmex, moderó la participación de las panelistas: Gloria Del Castillo, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México; Guadalupe Ibarra (ex rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) Sinaloa; Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV); y, Tania Rodríguez, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Silvia Giorguli inició su participación expresando que, a pesar del avance en la educación universitaria, la participación y el liderazgo de las mujeres en puestos de gestión académica es poca; luego, cedió el uso de la voz a Gloria Del Castillo quien señaló que en FLACSO se ha generado una escuela con distintas perspectivas de género que van permeando las agendas de investigación, docencia y la toma de decisiones. Refirió que cuentan con 63% de mujeres en el consejo académico y 55% en la plantilla académica. Comentó que se creó una comisión de expertas y se ha comenzado a construir un protocolo de violencia de género -tomando experiencias de otras instituciones- donde la primera preocupación es que tal construcción no signifique tensión, fragmentación o ruptura. Agregó que la presencia de distintas generaciones genera tensiones cotidianas y a las directoras y rectoras “nos toca conciliar… el tema de género no nos puede dividir”, destacó “somos las mujeres quienes afrontamos esos temas y esas tensiones de esa manera, más abierta”, proyectó que este tema ya no saldrá de la agenda y es importante reposicionar diálogos con las nuevas masculinidades.
Guadalupe Ibarra, señaló que cuando ella estuvo al frente, logró “llevarla (a la Universidad) a niveles nunca antes alcanzados”. Comentó que la UAIM forma parte de la Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior (RENIES) y pronto contará con un centro de estudios de género, aunque reconoció que en la UAIM falta construir el protocolo de actuación contra la violencia de género. Compartió que ha habido avances en cuanto al incremento de la matrícula escolar, particularmente en las carreras de ingenierías y tecnologías; sin embargo, en seguridad no ha sido significativo, ya que se siguen presentando muchos casos de violencia contra las mujeres universitarias, en este sentido, identifica como obstáculos la falta de procesos de denuncias y su sostenimiento puntual, así como el miedo a las represalias por denunciar. Destacó que ella misma fue víctima de violencia política de género: “fue una etapa en la que pude sentir con fuerza la violencia de género pues para muchos de mis compañeros hombres les fue muy difícil perdonarme ser rectora por el hecho de ser mujer, pero también sufrí persecución de periodistas y hasta de funcionarios públicos del gobierno estatal, demandas, difamaciones y calumnias sin sentido que hasta hoy sigo sin comprender”. En contraste con lo anterior, dijo “Ser rectora, ha sido, después de mis hijos, la más grande experiencia de mi vida”.
Sara Ladrón de Guevara comenzó su participación, reflexionando sobre los espacios que actualmente ocupan las mujeres en la academia “si somos más mujeres en el mundo, somos más estudiantes… deberíamos que ser más académicas mujeres por un tema demográfico (…) es dramático el descenso de mujeres que estamos ocupando lugares de toma de decisión.” La rectora considera que hay una valoración simbólica del poder que se asocia con los varones por lo que se espera que las mujeres en posiciones de poder tengan conductas masculinas; asimismo, son criticadas por la forma de peinarse, de vestirse, lo cual tiene que ver con la irrupción del rol de la mujer que rompe esquemas simbólicos que aún no se logran abatir, también reconoció que la participación de las mujeres se ha venido transformando, y ya no se detiene. Durante su exposición, solicitó se transmitiera un video con imágenes del año 2019 que muestran una protesta pacífica de estudiantes universitarias de la UV contra el acoso y hostigamiento sexual, esto, mientras se llevaba a cabo una sesión del consejo universitario. Ante esto, ella como rectora reconoció la violencia contra las mujeres y las invitó a pasar a la sala, ofreciendo el uso del micrófono para que sus demandas fueran escuchadas; al finalizar el vídeo comentó “¿qué podemos hacer? Ponernos de su lado”. Sara Ladrón de Guevara, sugirió se realicen algunos cambios en las universidades, como los siguientes: que las universidades otorguen reconocimientos honoris causa a más mujeres; así como que aulas, medallas y premios tengan nombres de mujeres destacadas.
Por último, Tania Rodríguez, cuyo ejercicio comenzó durante la pandemia, compartió que se logró establecer en la UACM la Defensoría de los Derechos Universitarios; el año pasado se aprobó “el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual” por lo que ya cuentan con este primer instrumento. La universidad tiene una abogada general y una tesorera, cargos que habían sido históricamente masculinizados, incluso en los nombres. Enfatizó que son las estudiantes en los campus universitarios quienes han visibilizado la histórica violencia de género. La rectora, comentó que tienen en la UACM cuatro casos de feminicidio y son hechos que han sacudido a la comunidad y por los que ha habido una respuesta comunitaria de acompañamiento. Afirmó también que las mujeres “seguimos siendo medidas con distintas varas”; el optimismo está en la capacidad de organización de las mujeres que están decididas a que el tema de género no salga de la agenda. Externó que la UACM, ofrece carreras entre las cuales, hay algunas más feminizadas que otras y, por lo tanto, más o menos, empoderadas; refirió que en la licenciatura Promoción de la salud en la que el porcentaje de alumnas es del 85%, problematizan el acceso a la salud.
Javier Garciadiego cerró el espacio señalando que en esta mesa se puso el dedo en la llaga y es “una lucha irreversible y además justa”.
La demanda por discriminación de género de los jugadores de fútbol americano de Gopher contra la Universidad de Minnesota.
En el año 2016, jugadores del equipo de fútbol americano de Gophers de la Universidad de Minnesota fueron acusados de violación sexual por una animadora del equipo, quien denunció haber sido agredida por una docena de jugadores, mientras otros más, vitoreaban los hechos, esto en una fiesta que tuvo lugar fuera del campus. Luego de una investigación emprendida por la universidad, se determinó que 10 jugadores eran responsables de conducta sexual inapropiada, por lo que, 5 de ellos fueron expulsados o suspendidos por la violar el código de ética estudiantil y el resto fue absuelto en apelación. En su momento, el fiscal del condado revisó el caso y no gestionó acusación alguna. Luego, en 2018, nueve de estos exjugadores demandaron a la universidad ante el Tribunal de Distrito de EE. UU por trato desigual, lo que fue desestimado en 2019 por el juez a cargo, quien argumentó "no hay respaldo fáctico para sus acusaciones de trato desigual". Sin embargo, recientemente, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de EE. UU. dictaminó que los exjugadores pueden proceder con su demanda por discriminación de género contra la universidad, nuevamente ante el Tribunal. El juez citó el reclamo de "presión interna sobre los funcionarios de la universidad para acusar a los jugadores de fútbol masculino de conducta sexual inapropiada", esta decisión, se apoyó de información relacionada con un correo electrónico enviado -al cierre de la investigación hecho por la universidad- por la directora de Igualdad de Oportunidades y Acción Afirmativa hacia la directora atlética, en el que advertía sobre un "patrón preocupante" y “de riesgo de agresión o acoso sexual en el futuro”, dijo el juez "estas acusaciones apoyan la inferencia de que la universidad, y específicamente sus investigadores, discriminaron a los (jugadores) por motivos de sexo". Por su parte, los jugadores, todos negros, afirmaron que la raza jugó un papel en las acusaciones, por lo que ahora reclaman daños no especificados por discriminación intencionada y maliciosa. Mientras tanto, un portavoz de la universidad dijo que están al tanto del fallo, mismo que están revisando, pero como práctica general, no emiten comentarios sobre litigios activos.
“Tenemos que eliminar la violencia”: Graue afirma que seguirán las campañas contra el acoso en la UNAM
En entrevista con el comunicador Leonardo Curzio para Grupo Fórmula, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, expresó su satisfacción y orgullo por el esfuerzo de las y los universitarios, con relación al reconocimiento otorgado a la UNAM por la firma británica QS (Quacquarelli Symonds) como una de las mejores universidades de Latinoamérica; agregó que esta es la firma más prestigiosa a nivel internacional y la que más tiempo lleva realizando estos rankings. Señaló que la UNAM cuenta con un importante factor social; a propósito de ello, compartió que, del estudiantado, siete de cada diez, proviene de una familia que tiene menos de seis salarios mínimos de ingreso promedio familiar.
El rector afirmó “tenemos que eliminar todo tipo de violencia de género, es inaceptable”. En este sentido, aseveró que su administración continuará trabajando para eliminar la violencia de género y el acoso contra las mujeres; se hará de forma transversal a través de programas de estudio, cuerpos colegiados y órganos de decisión; con cambios en normatividades, así como trabajando en dar acceso a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Dijo “tenemos que seguir incrementando la importancia y la presencia de las mujeres en la Universidad”.
Por otra parte, extendió un reconocimiento al personal académico y al estudiantado por el esfuerzo que han representado las actividades a distancia durante la pandemia; consideró que por un tiempo será necesario combinar la actividad presencial y el sistema educativo a distancia “a partir de ahora la educación se volverá más híbrida”, ya que “la educación a distancia de alguna forma llegó para quedarse”.
Informe de IESALC, “Pensar más allá de los límites. Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050.”
Este reporte constituye en los resultados de una consulta realizada a 25 expertos en materia de educación superior alrededor del mundo, en la que respondieron dos preguntas: ¿Cómo le gustaría que fuera la educación superior en 2050? y ¿cómo podría contribuir la educación superior a un mejor futuro para todos en 2050?
El informe se divide en los siguientes puntos:
El informe completo se puede consultar en la siguiente liga
La libertad de expresión fuera del campus universitario. El caso "Mahanoy Area School District v. B.L." Decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos
En el número 28 del Boletín de nuestras defensorías abordamos la primera parte de este caso. En resumen, el caso versa sobre una estudiante adolescente que, al no haber sido seleccionada para participar en ciertos equipos deportivos de su escuela preparatoria, decide expresar su frustración por medio de una serie de mensajes, a través de señas y lenguaje vulgar, en su cuenta privada de snapchat. Si bien dichos mensajes fueron realizados fuera de la escuela y enviados a un grupo determinado de sus amigos, una de esas personas se lo mostró a uno de sus entrenadores. Entrenadores y directivos de la escuela consideraron que esos mensajes eran ofensivos por lo que decidieron suspender a la estudiante de participar por un año, en los equipos deportivos de la escuela. La estudiante consideró que dicha decisión era injusta y que violaba su derecho a la libertad de expresión, contenida en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Tanto un Tribunal de Distrito como una Corte de Apelaciones, dieron la razón a la estudiante diciendo que la escuela no podía sancionar las expresiones de la adolescente que se habían hecho fuera de las instalaciones de la escuela. El distrito escolar (Mahanoy Area High School “MAHS”) decidió apelar dicha decisión ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.
En una decisión de ocho votos contra uno, la Suprema Corte consideró que si bien la escuela había violado el derecho a la libertad de expresión de la estudiante, también estableció nuevos límites para disciplinar al estudiantado por cualquier discurso fuera del campus, pero no prohibió totalmente que las y los administradores de las escuelas lo hicieran.
Es la primera vez en más de 50 años que un integrante del estudiantado de secundaria ganó un caso de libertad de expresión en la Corte Suprema. La decisión enfatizó que las cortes deben ser escépticas de los esfuerzos para restringir el discurso fuera del campus.
El juez Stephen G. Breyer, escribiendo la decisión mayoritaria señaló que parte de lo que las escuelas deben enseñar al estudiantado es el valor de la libertad de expresión. Las escuelas públicas de Estados Unidos son las “guardianas de la democracia" por lo que la democracia representativa sólo funciona si protegemos el 'mercado de ideas', indicó en la decisión. También, enfatizó que las escuelas tienen un gran interés en asegurar que las generaciones futuras comprendan el funcionamiento en la práctica del conocido aforismo “No apruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
Señaló que en el caso en particular, era importante tomar en cuenta que las publicaciones de la estudiante aparecieron fuera del horario escolar desde un lugar fuera de la escuela. Asimismo, ella no identificó la escuela en sus publicaciones ni se dirigió a ningún integrante de la comunidad escolar con lenguaje vulgar o abusivo. También había que tomar en cuenta que sus expresiones habían sido trasmitidas a través de un teléfono celular personal, a una audiencia que consiste en su círculo privado de amistades de Snapchat.
En su fallo, la Suprema Corte reconoce que necesitaba establecer algunos límites en el poder de los sistemas escolares para decidir qué era apropiado en la era actual. Los intereses regulatorios de la escuela siguen siendo importantes en algunas circunstancias fuera del campus; por ejemplo, en casos de intimidación o acoso grave o severo dirigido a individuos en particular; amenazas dirigidas a profesorado o a estudiantes; el incumplimiento de las reglas relativas a las lecciones, la redacción de artículos, el uso de computadoras o la participación en otras actividades escolares en línea, violaciones de los dispositivos de seguridad de la escuela, incluido el material que se mantiene dentro de las computadoras de la escuela, o cuando existe una interrupción sustancial de las actividades relacionadas con el aprendizaje o la protección de quienes forman una comunidad escolar.
En lugar de aplicar una regla categórica, el juez Breyer dijo que tres factores deberían hacer que los tribunales desconfíen de permitir que las escuelas supervisen lo que dice el alumnado fuera del campus: 1) Si bien se reconoce que en algunas circunstancias las escuelas actúan in loco parentis, en términos generales son los padres y madres, en lugar de quienes administran las escuelas, quienes, en principio, pueden disciplinar a niñas y niños fuera de la escuela, 2) no se puede vigilar las 24 horas del día, lo que va en contra de la libertad de expresión, y 3) las escuelas deben enseñar a sus estudiantes que la libertad de expresión, por más impopular que sea, es digna de protección.
Finalmente, escribió, las escuelas deben enseñar a sus estudiantes que el libre intercambio de ideas facilita una opinión pública informada, que, cuando se transmite a representantes legislativos, ayuda a producir leyes que reflejen la voluntad del pueblo.
En una opinión concurrente, el juez Alito señaló que es importante dejar en claro que el presente caso no involucra el discurso de una estudiante en un colegio o universidad pública. Por varias razones, incluida la edad, la independencia y las condiciones de vida de las y los estudiantes, la regulación de su discurso puede plantear cuestiones muy diferentes de las que se presentaron en el caso en comento.
El juez Alito indicó que habría sido suficiente que en el presente caso la Suprema Corte dijera que el discurso de la estudiante estaba protegido por la Primera Enmienda porque no interrumpía las actividades escolares. La escuela puede reprimir la interrupción, pero no puede castigar el discurso fuera del campus que incitó a otra parte del estudiantado a cometer una mala conducta. En su opinión, la mayoría se equivocó, dijo, para proteger todo el discurso fuera del campus.
En cambio, en su opinión disidente, el juez Thomas señaló que la mayoría no consideró que las escuelas a menudo tendrán más autoridad, no menos, para disciplinar a estudiantes que transmiten discursos a través de las redes sociales, debido a que el discurso fuera del campus, hecho a través de las redes sociales, se puede recibir en el campus y puede extenderse rápidamente a innumerables personas, por lo tanto, existe una mayor posibilidad que dicho discurso tenga un mayor daño en el entorno escolar que una conversación en persona.
Disponible en: visitado junio 2021.
El derecho de estudiantes transgénero a usar el baño de su identidad de género. Gavin Grimm v. Gloucester County School Board, Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos
En 2015, Gavin Grimm llegó a su escuela preparatoria como un niño transgénero. Por siete semanas, se le permitió a Gavin usar el baño de niños. A pesar de que el uso del baño de niños por parte de Gavin no había causado ningún problema en la escuela, los padres, madres y otras personas, presionaron a la junta escolar para que promulgara una nueva política que limitara el uso de los baños de niños y niñas a estudiantes del "género biológico correspondiente", con lo que se segregaba a estudiantes transgénero como Gavin en baños unisex separados.
La escuela entonces adoptó una disposición que prohibía a los niños y niñas "con problemas de identidad de género" usar los mismos baños comunes que otros niños y niñas. En su lugar, la nueva política indicó a Gavin a una "instalación privada alternativa apropiada" que en su caso fue el baño de la enfermería o bien algún otro baño individual. Durante el resto de sus estudios, Gavin se vio obligado a usar baños separados que ningún otro u otra integrante del estudiantado estaba obligado a usar. Gavin consideró que dicha política era denigrante y que lo discriminaba, por lo que decidió demandar a la escuela. El 11 de junio de 2015 se presentó una demanda contra la Junta Escolar del Condado de Gloucester por revocar el acceso de Gavin a las instalaciones de los niños.
No obstante lo anterior, la junta escolar continuó discriminando a Gavin toda vez que también le negó el derecho a cambiar el nombre de sus papeles de la escuela para que coincidieran con su nueva identidad, pese a que ya había logrado el cambio en su certificado de nacimiento, el cual indicaba que era hombre y ya había comenzado a recibir terapia hormonal, la cual había alterado su estructura ósea y muscular, profundizó su voz y le hizo crecer el vello facial y también contaba con una identificación del estado de Virginia que indicaba que era hombre. Lo anterior lo volvió a sentir humillado y le ocasionó problemas y dar explicaciones innecesarias cuando aplicó a diversas universidades.
Representado por American Civil Liberties Union, Gavin demandó a su junta escolar por discriminarlo en violación de la Cláusula de Protección Igualitaria y el Título IX de las Enmiendas de Educación de los Estados Unidos de 1972, la cual prohíbe, entre otros, la discriminación sexual en las escuelas. La Suprema Corte había aceptado escuchar una apelación anterior en el caso, pero la desestimó en 2017 después de que la administración Trump cambiara la posición del gobierno federal sobre los derechos de las personas transgénero. En septiembre de 2019 la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Virginia falló a favor de Gavin. Dicha sentencia fue apelada ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Federal, la cual confirmó el fallo a favor de Gavin, el 26 de agosto de 2020.
El 27 de junio de 2021, la Suprema Corte falló en el sentido de rechazar la solicitud de la junta escolar de una escuela de Virginia de revisar el caso, con lo que se confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones a favor de Gavin. Es una práctica de la Suprema Corte el no emitir una razón por la que rechaza una apelación.
Como contexto, es importante señalar que el 16 de junio del año en curso el Departamento de Educación de EE. UU. anunció que las protecciones del Título IX, que prohíben la discriminación por motivos de sexo, se extienden también a estudiantes transgénero y a estudiantes LGBTQ e indicó que a las y los estudiantes no se les puede discriminar por su orientación sexual o su identidad de género".
Asimismo, a principios de este año, el Presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó un decreto ejecutivo que ordena al Departamento de Educación revisar todas sus políticas actuales con respecto al Título IX para garantizar que los entornos educativos estén libres de violencia sexual y discriminación de género. La administración de Biden también llevó a cabo una audiencia pública sobre el Título IX en junio para recibir comentarios sobre posibles cambios a la ley de 1972.
En su decisión, la Corte de Apelaciones hace una interesante revisión sobre las dificultades que experimentan las personas transgénero en la sociedad en general y después aborda las reclamaciones del demandante. Lo anterior brinda un contexto más claro de lo que sufrió Gavin durante su paso en la preparatoria.
Gloucester High School mantiene baños masculinos, baños femeninos, baños unisex y, según su política, Gavin tendría derecho a usar los baños femeninos o unisex. Pero exigir que la escuela le permita a él, una mujer biológica que se identifica como hombre, usar el baño de hombres compromete la separación según lo autorizado explícitamente por el Título IX.
En opinión de la Corte de Apelaciones el hecho de que el colegio de Gavin estableciera baños para hombres, mujeres y luego creara un baño unisex, no es discriminatorio en sí mismo. Lo que es discriminatorio es negarle el uso de uno de esos baños a una persona transgénero acorde a su propia identidad de género; por lo que la política de la escuela constituye discriminación basada en el sexo y por lo tanto, es violatoria del Título IX de las Enmiendas de Educación de los Estados Unidos de 1972.
Asimismo, la Corte consideró que la negativa de la Junta de actualizar los registros escolares de Gavin para que coincidieran con su identidad, constituye también una discriminación y violación a dicho Título IX.
GAVIN GRIMM, (Plaintiff – Appellee) v. GLOUCESTER COUNTY SCHOOL BOARD, (Defendant – Appellant.) UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT, No. 19-1952
Disponible en: visitado en junio de 2021.
Legislaciones contra la teoría crítica de la raza
Legisladoras y legisladores de 16 estados de la Unión Americana han presentado proyectos y aprobado leyes este año que buscan limitar la enseñanza de la teoría crítica del racismo dentro de las escuelas públicas. Todos estos proyectos de ley se asemejan a la orden ejecutiva, ahora extinta, del ex presidente Trump, que prohibía a las instituciones financiadas con fondos federales a enseñar “conceptos divisivos” sobre raza y género.
Un gran porcentaje del profesorado considera dichas legislaciones como censura y como un intento para impedir que el estudiantado aprenda sobre el racismo institucional, al mismo tiempo que genera miedo o timidez en el personal académico para enseñar ciertas teorías sociales.
La teoría crítica de la raza o racismo y los estudios legales críticos, han existido durante décadas. Su principio fundamental es que el racismo no es sólo un fenómeno individual, sino estructural y sistémico. El movimiento #black lives matter, puso nuevamente en la agenda pública la discriminación, que de forma sistémica, sufren diversas minorías, pero principalmente la población afroamericana.
Con este nuevo enfoque en el racismo estructural ha surgido una mayor crítica hacía dicha teoría. Legisladores y legisladoras -conservadores- han argumentado que la teoría crítica del racismo es divisiva y regresiva, se centra demasiado en las partes más oscuras del pasado de Estados Unidos y no lo suficiente en el progreso racial que se ha logrado.
Sin embargo, muchos académicos y académicas consideran la prohibición de hablar sobre racismo sistémico como un intento por mantener estas verdades fuera del aula y ayuda a perpetuar un sistema de discriminación, toda vez que el racismo es perdurable y se manifiesta de manera diferente a lo largo del tiempo. Dichas manifestaciones pueden ser tanto en el campo social, económico, político, cultural, etc.
Algunos de los Estados que han aprobado dicha legislación son: Iowa, Oklahoma, Kansas, Florida, Idaho, entre otros más.
Es evidentemente que la aplicación de diversas leyes en distintos Estados de la Unión Americana que limitan la enseñanza de la teoría crítica de la raza, se inserta en un debate amplio en la sociedad de dicho país, en el que se cuestiona la tensión existente entre los distintos grupos étnicos que conforman la sociedad norteamericana. La educación no es ajena a dicho debate.
Disponible en: Visitado en junio de 2021.
El Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI)
Del 19 al 22 de octubre de 2021, se llevará a cabo el “Congreso de las Américas sobre Educación Internacional”, de manera remota. Esta actividad académica es organizada por la Organización Universitaria Interamericana, con el apoyo del Ministerio de Educación de Chile.