Con la finalidad de contribuir al intercambio de ideas en temas relacionados con educación superior que pueden ser del interés no sólo de las defensorías, sino de estudiantes, personal académico y autoridades, y en virtud del reto que representa continuar con las actividades en las instituciones de educación superior debido a la pandemia por la COVID-19, el Boletín Nuestras Defensorías y Procuradurías Universitarias en Acción, en su ejemplar número treinta y uno aborda las siguientes temáticas:
1. COVID-19 y Educación Superior.
Vacunación contra la COVID-19 en las Instituciones de Educación Superior.
2. Defensorías Universitarias.
Discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las Instituciones de Educación Superior.
3. Género y Educación Superior.
SEP, Inmujeres y Conavim unen esfuerzos con los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) para enfrentar violencia sexual en Instituciones de Educación Superior.
La UNAM cambia nombre de alumna transgénero en documentos oficiales.
4. Educación Superior a nivel internacional.
Estudiantes de Instituciones Educación Superior con condiciones de discapacidad de salud mental buscan igualdad de oportunidades en acceso a la educación superior.
5. Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra.
La censura de la Teoría Crítica de Raza va contra profesoras feministas.
Vacunación contra la COVID-19 en las Instituciones de Educación Superior.
Si bien la COVID-19, con sus distintas variantes, sigue causando estragos en el mundo, los procesos de vacunación masiva están permitiendo que poco a poco se retomen algunas de las actividades presenciales como lo es la educación.
Cada país sigue implementando distintas medidas de reactivación de sus Instituciones de Educación Superior, basado, por lo general, en el nivel de vacunación alcanzado en su población general y en políticas nacionales o estatales, dependiendo del país.
Así por ejemplo, el Reino Unido indicó que ya no existen restricciones para los “proveedores de educación superior” (como normalmente se les denomina a las Instituciones de Educación Superior,) como resultado de la COVID-19. Así, las IES británicas deben continuamente evaluar el riesgo para sus circunstancias particulares en cada uno de los programas que imparten. Deben implementar medidas de control sensatas y proporcionales a los controles de salud y seguridad para reducir el riesgo al nivel más bajo razonablemente posible. De igual forma, los proveedores de educación superior deben tener planes de contingencia para hacer frente a cualquier brote o caso positivo identificado de COVID-19.
Diversas instancias gubernamentales y sociales proporcionan guías y lineamientos tanto para estudiantes como para las universidades. Por ejemplo, la Oficina para Estudiantes, el regulador de educación superior en Inglaterra, ofrece diversos lineamientos para las IES para mantener la calidad y los estándares de su labor. De igual forma, la Agencia para la Calidad de la Educación Superior (QAA) tiene una serie de guías y lineamientos, para apoyar a las IES en los servicios que brindan.
En cambio en Italia, el profesorado, el personal de las escuelas y universidades de Italia, así como el estudiantado universitario, ahora están obligados a tener el 'Green Pass' (Pase Verde) de Covid según las nuevas reglas que entraron en vigor el 1 de septiembre. El Pase Verde significa que recibieron al menos una dosis de vacuna, se han recuperado de la COVID-19 en los últimos seis meses o dieron negativo para el virus en las 48 horas anteriores.
El gobierno italiano advirtió que habrá sanciones para personal de escuelas y universidades que no cumplan con las nuevas reglas, similar al sistema que ya existe para personal médico y de enfermería. De acuerdo con las reglas actuales después de cinco días de baja laboral por no tener el Pase Verde, la ausencia de estas personas trabajadoras se considerará "injustificada", lo que conllevará la suspensión de su empleo y remuneración. El personal empleado no vacunado puede ingresar a la propiedad de la escuela o la universidad, pero sólo si se somete a una prueba de COVID cada 48 horas.
Estudiantes de las universidades, pueden estar bajo controles aleatorios, para verificar que cuenten con el pase verde. Asimismo, estudiantado que regresa a clases debe portar cubrebocas, someterse a los controles de temperatura y mantener el distanciamiento; también se tienen entradas escalonadas.
El pase verde también se requiere para abordar trenes interurbanos y de alta velocidad, así como vuelos nacionales, autobuses de larga distancia y transbordadores interregionales.
Por su parte, en Estados Unidos, las universidades, en su gran mayoría, exhortan al alumnado y al personal a vacunarse, aunque debido a que muchas de ellas se encuentran sujetas a los lineamientos estatales para la reapertura de las actividades, su margen de acción depende en buena parte de la postura del gobierno local respecto a la COVID-19 y a las vacunas. Por ejemplo, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, republicano, ha impuesto límites a la capacidad de las universidades para exigir vacunas. Por su parte, en colegios y universidades de Filadelfia quienes trabajan o estudian deben vacunarse a más tardar a mediados de octubre, o usar máscaras en el interior y hacerse la prueba de COVID-19, al menos una vez a la semana. La Junta de Salud de Filadelfia votó a favor de instituir el mandato, debido a la alta tasa de transmisión de la variante Delta y al aumento de las tasas de infección entre estudiantes universitarios.
Department for Education, UK, Guidance Higher education COVID-19 operational guidance Disponible en: 
visitado en Agosto 2021.
Guidance for providers about student and consumer protection during the coronavirus (COVID-19) pandemic. Disponible en: visitado en Agosto 2021.
Guidance for providers about quality and standards during coronavirus (COVID-19) pandemic. Disponible en: visitado en Agosto 2021.
Working safely during coronavirus (COVID-19) Disponible en: visitado en Agosto 2021.
The Quality Assurance Agency for Higher Education, COVID-19 support and guidance. Disponible en: visitado en Agosto 2021.
RIPARTIAMO IN SICUREZZA. La Certificazione verde COVID-19 facilita gli spostamenti in Europa. Nel nostro Paese permette di viaggiare, partecipare a eventi, accedere a strutture e altri luoghi pubblici. Disponible en: visitado en Agosto 2021.
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Disponible en: visitado Septiembre 2021.
Delta Variant Raises Questions as Campuses Start Semester. Disponible en: visitado Agosto 2021.
Discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las Instituciones de Educación Superior
La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en conjunto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), llevaron a cabo el “Encuentro Virtual: Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las instituciones de Educación Superior”, mismo que se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2021.
La discusión del Encuentro se puede ver en la siguiente liga:
Disponible en: visitado en septiembre de 2021.
SEP, Inmujeres y Conavim unen esfuerzos con los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) para enfrentar violencia sexual en Instituciones de Educación Superior.
Con el propósito de fortalecer y brindar servicios de orientación, atención y sanción para casos de hostigamiento y de acoso sexual que se presenten en las Instituciones de Educación Superior (IES), a través de la colaboración de los CJM (Centros de Justicia para las Mujeres), el 10 de agosto del presente año, tuvo lugar la primera reunión de coordinación interinstitucional conformada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y los CJM.
El encuentro, llevado a cabo en modalidad remota, contó con la participación de varias personalidades, quienes hicieron los siguientes comentarios: Olga Sánchez Cordero, quien hasta entonces era titular de la SEGOB, señaló que las estrategias instrumentadas deben considerar las características y contextos de cada tipo de violencia para tener mayores posibilidades de éxito en cada región del país. Por su parte, Luciano Concheiro Bórquez (SEP) destacó que entre los casos de violencia más denunciados en las IES en 2021, se registraron 35.7% de agresiones físicas, en su mayoría, perpetradas por compañeros; 18.4% actitudes discriminatorias y agresiones emocionales, realizadas principalmente por docentes hombres; el acecho, insinuaciones sexuales o insultos por mensaje o red social, respectivamente, fue del 4.2%.
Marta Ferreyra Beltrán (Inmujeres) sostuvo que la violencia contra las mujeres involucra una interrupción de los proyectos de vida de las mujeres que después resulta complicado retomar. Fabiola Alanís Sámano (Conavim) enfatizó la importancia de contar con los 56 CJM en las 32 entidades del país que hoy existen, ya que son espacios que brindan servicios integrales. También participaron Margarita Cortés Cid (Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres); Teresa Medina Villalobos (SEGOB); Ángeles Arcos García (SEP); y, como moderadora, Anitzel Ramos Velázquez, coordinadora de la Unidad de Género de la SEGOB. Se definió que la estrategia estará enmarcada en las Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual en las IES. Finalmente, se pactó que en las semanas siguientes se formalice la vinculación entre los CJM y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).
Disponible en: visitado en agosto de 2021.
La UNAM cambia nombre de alumna transgénero en documentos oficiales.
En México, existe un trámite denominado “aclaración de acta por enmienda” que se realiza cuando una persona gestiona cambio de estado civil, nacionalidad, filiación o sexo, entre otros, que permite sustituir el nombre.
En la Máxima Casa de Estudios, en el contexto universitario, es posible realizar el cambio de nombre, por ejemplo, para el alumnado que tiene una identidad de género diferente a la que podría reflejar su nombre. Un caso que ilustra lo anterior es el de Ana Sofía Pastrana, quien tiene 22 años, es alumna de licenciatura de octavo semestre de la carrera de Economía, en la UNAM, y recientemente fue notificada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) que el cambio de su nombre ya estaría registrado en las actas de las y los docentes.
Lo anterior motivó a Sofía a grabar un vídeo en la plataforma Tik-Tok en el que comenta: “ya cambiaron mi foto ahora sí y mi nombre también, ya en la UNAM, ya legalmente en DGAE”, expresó estar muy contenta y, en entrevista para UNAM Global, se presentó como estudiante, trans, drag queen y maquillista y mencionó “el cambio en la Universidad fue sumamente rápido (…) qué bueno que la UNAM está muy especializada en estos temas”; compartió que durante los pasados semestres en línea, el personal docente fue muy accesible, pero tenía que enviar un correo privado antes del inicio del semestre, refiriéndose cómo requería ser nombrada.
Ana Sofía, quien es originaria del Estado de México, dijo que desde muy chica sentía que no encajaba con su cuerpo; estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y fue en esa etapa de la vida en la que “se aceptó”, por lo que comenzó a pedirle a “compañeros y profesores” que le llamaran Sofía; considera que ha sufrido más acoso en la calle por ser mujer que por formar parte de la comunidad LGBT+. A propósito de la intolerancia que viven las personas trans, sugirió recurrir a sus redes de apoyo (amistades, familiares), buscar apoyo profesional de salud mental y no detener su proceso de transición.
Disponible en: visitado en agosto de 2021.
Estudiantes de Instituciones Educación Superior con condiciones de discapacidad de salud mental buscan igualdad de oportunidades en acceso a la educación superior.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la Universidad de Brown, después de que estudiantes de dicha universidad, que solicitaron una suspensión temporal por motivos de salud mental, les fue negado su derecho a reinscripción, a pesar de su alta médica.
La investigación de dicho Departamento determinó que la Universidad de Brown incumplió la ley al negar el derecho a reinscripción de una docena de estudiantes que solicitaron su baja temporal por motivos de salud mental entre 2012 y 2017. A las y los estudiantes se les negó este derecho a pesar de contar con un alta médica que indicara que podían continuar con sus estudios. Asimismo, este estudiantado fue forzado a permanecer en situación de baja temporal por al menos dos semestres más después de su alta médica.
La investigación de dicho Departamento determinó que la Universidad de Brown incumplió la ley al negar el derecho a reinscripción de una docena de estudiantes que solicitaron su baja temporal por motivos de salud mental entre 2012 y 2017. A las y los estudiantes se les negó este derecho a pesar de contar con un alta médica que indicara que podían continuar con sus estudios. Asimismo, este estudiantado fue forzado a permanecer en situación de baja temporal por al menos dos semestres más después de su alta médica.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que la Universidad de Brown incumplió la Ley de las Personas con Discapacidad de Estados Unidos (cuya denominación en inglés es American with Disabilities Act), que garantiza a las personas con alguna discapacidad, igualdad en acceso a programas e instituciones públicas, y requiere a las universidades e IES que realicen ajustes razonables para estudiantes con discapacidad.
Como parte de los términos de este acuerdo, la Universidad de Brown deberá pagar $684,000.00 dólares para compensar los daños al estudiantado al que se le negó su derecho a reinscripción. Dicha Universidad además deberá capacitar en materia de derechos de personas con discapacidad y ajustes razonables, al personal docente y administrativo que esté involucrado en las decisiones que afecten directamente al estudiantado. Asimismo, deberá revisar las políticas de baja temporal cuando se trate de situaciones médicas.
Finalmente, en caso de que la Universidad niegue el derecho a inscripción a algún o alguna estudiante, deberá elaborar un reporte detallado en el que explique los motivos por los cuales se impide este derecho, y deberá rendir un informe al gobierno federal en julio y diciembre de cada año por los siguientes tres años respecto a cualquier decisión relacionada con la negación del derecho a reinscripción del alumnado que haya solicitado su baja temporal por motivos de salud mental.
Disponible en: visitado en septiembre de 2021.
La censura de la Teoría Crítica de Raza va contra profesoras feministas.
La Teoría Crítica de Raza (CRT, por sus siglas en inglés) es un concepto jurídico desarrollado en Estados Unidos en la década de los 70’s y 80’s, que se refiere a cómo la esclavitud y el racismo han tenido consecuencias en la creación de legislación e instituciones de ese país. Sin embargo, en algunos estados como Idaho, han utilizado este concepto para referirse a las discusiones académicas que giran en torno al racismo, sexismo y temas relacionados a justicia social.
A principios de 2021, este estado aprobó una ley que prohíbe la enseñanza de la CRT, en escuelas públicas y en universidades que se encuentren en el territorio estatal. Esta ley refiere que dentro del marco de la CRT, fomenta la división social basada en el sexo, raza origen étnico, religión, color de piel, nacionalidad, así como otros criterios, mismos que obstaculizan el derecho a la libertad de expresión y de libre pensamiento.
Si bien esta prohibición tiene diferentes implicaciones y consecuencias para la libertad académica, diferentes académicas y académicos se han pronunciado al respecto, en específico integrantes de seminarios dedicados al estudio social de las mujeres, género y sexualidad, ya que existe el temor de que el repensar en cómo impartir sus actividades académicas, pueda caer en una falta a la libertad académica, además de que les deja en el escrutinio público, lo cual puede tener incluso consecuencias en su ámbito laboral.
Si bien Idaho fue el primer estado de este país en hacer oficial esta prohibición, en los primeros seis meses del 2021, hasta septiembre de 2021, hay 27 estados que han tratado de limitar cómo el profesorado enseña racismo y sexismo en sus clases, de los cuales Tennessee, Arizona, Carolina del Sur, Texas, Ohio, Oklahoma, y New Hampshire han aprobado leyes estatales que limitan la enseñanza de la CRT.
Disponible en: visitado en septiembre de 2021.
Disponible en: visitado en septiembre de 2021.
Tel. 5622 6220 al 21, e-mail: red@reddu.org.mx
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