Boletín número 33

ÍNDICE

- Introducción
- Género y Educación Superior.
- Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra.

 

Introducción

Con la finalidad de contribuir al intercambio de ideas en temas relacionados con educación superior que pueden ser del interés no sólo de las defensorías, sino de estudiantes, personal académico y autoridades, el Boletín Nuestras Defensorías y Procuradurías Universitarias en Acción, en su ejemplar número treinta y tres aborda las siguientes temáticas:

1. Género y Educación Superior.

Se aprueba en Chile, la Ley 21369 regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.

Universidades públicas de México firman convenios para combatir violencia de género.

Corte ordena a la Universidad Estatal de Oklahoma a recontratar a profesora transgénero.

Universidades norteamericanas enfrentan demandas legales por casos de violencia de género.

2. Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra.

La Universidad de Syracuse defendió la libertad de expresión de una académica que expresó su punto de vista respecto a los ataques del 11 de septiembre.

Ranking 2021 de la Libertad de Expresión en las Universidades.

La Universidad de Sussex respalda a profesora en la fila de la libertad de expresión.

 

Género y Educación Superior.

Se aprueba en Chile, la Ley 21369 regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior

En Chile, el pasado 15 de septiembre de 2021 fue publicada la Ley 21369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Esta ley, que incluye la definición de acoso sexual y establece deberes para las IES (instituciones de educación superior) de ese país, tiene por objetivo “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres para todas las personas que se relacionen en las referidas comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.”

Entre los aspectos que deben contener las IES en la política integral propuesta por esta ley, están: acciones de prevención, información, sensibilización, sanción, capacitación y formación, mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto; contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas, planes, protocolos y reglamentos; tener personal capacitado en derechos humanos y perspectiva de género; implementación de mecanismos de apoyo psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas y personas afectadas de la comunidad educativa; acciones que eviten la revictimización; entre otras.

Las IES podrán investigar y sancionar respecto a hechos que ocurran o no en espacios académicos y/o de investigación. La ley prevé un plazo de un año desde su publicación para la implementación de los modelos de prevención y sanción -que deberán construirse de forma participativa-. Las IES que no adopten la política integral no accederán a asegurar su calidad y serán susceptibles de ser sancionadas. Las escuelas matrices de las fuerzas armadas y del orden, también quedan consideradas para esta Ley. Cabe señalar que, para que esta Ley se concretara, tuvo como antecedente la presentación en 2018 de la iniciativa ante el parlamento, lo cual ocurrió en el contexto de movimiento feminista de las IES de todo el país, denominado “mayo feminista” del que destacó una marcha multitudinaria.

Disponible en: visitado en octubre de 2021.

 

Universidades públicas de México firman convenios para combatir violencia de género.

Con la finalidad de intercambiar experiencias respecto a justicia universitaria, mejorar los protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia de género en las entidades académicas, además de buscar la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en los espacios educativos, el pasado mes de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó convenios de colaboración con las siguientes universidades públicas del país: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Coahuila); Universidad Juárez del Estado de Durango; Universidad de Guanajuato; Universidad de Guadalajara; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad Autónoma de Querétaro; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Autónoma de Sinaloa; Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad Veracruzana; y, Universidad Autónoma de Zacatecas.

La ceremonia se llevó a cabo en modalidad remota y fue encabezada por Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM. Estuvieron presentes rectoras y rectores de cada una de las universidades y una persona en representación del rector de la Universidad Veracruzana, quienes destacaron la necesidad de la capacitación docente para atender la violencia de género. Dando voz a las instituciones participantes, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, enfatizó que las universidades deben ser un referente de los procesos de transformación y no se pueden asumir actitudes de simulación y apariencias para ocultar la violencia de género. El Abogado General de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda y el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt también asistieron al evento.

Sánchez Castañeda señaló la importancia de estos convenios ya que permiten un amplio intercambio académico y de investigación en temas de igualdad de género, combate a todo tipo de violencia y erradicación del acoso sexual. Por su parte, López Betancourt apuntó hacia la importancia de una adecuada formación docente que implique respeto al alumnado, así como un comportamiento responsable dentro y fuera de las aulas, dijo que tal capacitación debería extenderse hacia personal directivo, ya que no debe haber complicidad entre docentes acosadores y directivos, siendo el hostigamiento sexual una de las prácticas más evidentes.

Disponible en:

visitadas en octubre

 

Corte ordena a la Universidad Estatal de Oklahoma a recontratar a profesora transgénero.

La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de EE. UU., resolvió a favor de una profesora de inglés transgénero, Rachel Tudor, quien alegó que se le negó la titularidad de su cátedra y se le despidió injustamente después de pasar de hombre a mujer. La Corte ordenó a la Universidad Estatal de Oklahoma reinstalar a la profesora y otorgarle la titularidad.

Un aspecto importante de este caso es el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. fue quien demandó a la universidad en nombre de Tudor en 2015, alegando que su decisión de negarle la titularidad equivalía a discriminación sexual. Fue la primera demanda por discriminación presentada por el Departamento de Justicia en nombre de una persona transgénero.

El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con la escuela en 2017, pero Tudor continuó litigando el caso y llegó a obtener un veredicto del jurado de aproximadamente $USD 1 millón, más tarde ese año. Sin embargo, la Universidad apeló esa decisión y afirmó que muchos miembros de la facultad se oponían a su regreso y que no tenía el dinero para pagarle.

La Corte de Apelaciones indicó que la evidencia ofrecida por Tudor era claramente suficiente para que un jurado fallara a su favor y le dio la razón.

Disponible en: visitado en octubre de 2021.

 

Universidades norteamericanas enfrentan demandas legales por casos de violencia de género.

En una serie de casos recientes que se encuentran ventilando ante cortes estadounidenses, diversas universidades norteamericanas han sido demandadas por alumnas o personal académico por cuestiones de violencia de género y discriminación.

En el primer caso, cuatro estudiantes presentaron una demanda colectiva, bajo el Título IX de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972 en contra de la Universidad de Brown por no proteger sistemáticamente a las estudiantes del abuso sexual y por disuadir intencionalmente a las estudiantes de la presentación de quejas.

Las demandantes señalaron haber sido víctimas de sus experiencias de agresión sexual, violación y acoso, y las dificultades que enfrentaron para llevar sus casos a la oficina del Título IX y a la administración de la Universidad en general. Asimismo, indicaron que la Universidad las había presionado para que no iniciaran ningún procedimiento formal sino únicamente informales. Los procedimientos formales son más complejos, porque requieren de investigaciones más serias al igual que las posibles sanciones que resulten de las mismas; mientras que los procedimientos informales no requieren ese mismo estándar.

Pero las demandantes dicen que la Universidad no ha respondido de manera significativa a esos esfuerzos y, a medida que las estudiantes se gradúan y la memoria institucional de la indignación se desvanece, la violencia sexual sigue siendo omnipresente en el campus.

Si bien la Universidad de Brown creó en 2014 la Oficina de Equidad de Género, cursos obligatorios sobre violencia de género, entre otras acciones, las demandantes consideran que sus esfuerzos han sido insuficientes. En su demanda, buscan daños y perjuicios, y solicitan se revise el funcionamiento de la Oficina de Equidad de Género.

En otro asunto, cuatro ex trabajadoras de la Universidad de Montana demandaron a dicha universidad y al Sistema Universitario de Montana por discriminación, bajo el Título IX de las Enmiendas a la Ley de Educación de 1972.

Los abogados de las mujeres señalan que el presidente de la universidad, Seth Bodnar, favoreció a las mujeres jóvenes y atractivas y en forma, mientras que las mujeres mayores y menos atractivas fueron criticadas públicamente. Asimismo, las demandantes afirman que fueron víctimas de represalias cuando cuestionaron la autoridad.

Las demandantes indican que algunas fueron obligadas a renunciar, y luego se percataron que sus puestos eran dados a otras personas. Este asunto está pendiente de resolución.

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Disponible en: visitadas en octubre de 2021.

 

Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra.

La Universidad de Syracuse defendió la libertad de expresión de una académica que expresó su punto de vista respecto a los ataques del 11 de septiembre.

El 11 de septiembre de 2021, fecha en la que se cumplieron 20 años de los ataques terroristas en Estados Unidos, una profesora de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse publicó en su cuenta personal de Twitter que estadounidenses de raza blanca nunca habían sentido miedo antes de los ataques del 11 de septiembre, porque ellos no conocían lo que era sentirse vulnerables antes de esa fecha.

Dichos comentarios fueron reprobados por integrantes de dicha comunidad universitaria, y los tacharon de poco sensibles ante las personas que fallecieron como consecuencia de dichos ataques, y además se exigió a la Universidad de Syracuse que se despidiera a la académica.

En respuesta, la Universidad de Syracuse emitió un comunicado en el que manifestó que, si bien los comentarios de la académica habían sido objeto de escrutinio público y reprobados por personas críticas y la comunidad universitaria, la profesora tiene el derecho a la libertad de expresión, aunque eso incomode. Además, indicaron que no se puede tolerar el acoso y las amenazas que ha recibido la profesora en virtud de sus comentarios, por lo que la Universidad ha solicitado la intervención de parte de autoridades locales, estatales y federales para la protección de sus derechos.

Hay opiniones divididas respecto a los comentarios de la académica, de parte de la comunidad académica de esta Universidad y otras IES. Si bien hay un gran número de personas que reprueban sus comentarios, y de ahí la exigencia para que la Universidad la despida, también hay personal académico que la apoya. Por ejemplo, un profesor de la misma Universidad, publicó en Twitter que si bien no estaba de acuerdo con los comentarios de la profesora, aplaudía a la Universidad de Syracuse por defender su derecho a la libertad de expresión.

Disponible en: visitado en octubre de 2021

 

Ranking 2021 de la Libertad de Expresión en las Universidades.

La Fundación de los Derechos Individuales en la Educación (FIRE, por sus siglas en inglés) y la página Pulso Universitario (College Pulse), han publicado el Ranking 2021 de la Libertad de Expresión en las Universidades, que contiene una comparación de la experiencia del estudiantado de 159 IES, sobre la libertad de expresión en 159 universidades de Estados Unidos.

El ranking se puede consultar en la siguiente página:

 

La Universidad de Sussex respalda a profesora por comentarios sobre ideología de identidad de género.

Kahtleen Stock, académica de la Universidad de Sussex en Inglaterra, publicó un libro en el que cuestionó la idea de que la identidad de género sea “socialmente más importante” que el sexo biológico. En respuesta, el alumnado de esa Universidad ha protestado en contra de la ideología de la profesora, diciendo que sus opiniones son transfobicas y ponen en riesgo la seguridad del estudiantado trans, por lo que han solicitado su despido a esta institución.

La académica ha sufrido acoso en sus redes sociales a través de una campaña de desprestigio, además de que en el campus universitario se han llevado a cabo protestas de supuestos integrantes del alumnado que acuden encapuchados. La profesora ha manifestado que no sólo el estudiantado puede expresar sus ideas sin tener repercusiones en virtud de la libertad de expresión, sino también el personal académico tiene este derecho.

Asimismo, la Universidad de Sussex ha manifestado su postura al respecto, indicando su compromiso a que esta institución sea un espacio para la libre expresión de las ideas en un contexto académico, y que promueve el respeto a la libertad de expresión, lo cual ha sido respaldado por su personal docente.

Disponible en: visitado en octubre de 2021.